Los cabildantes centraron su atención en la transparencia de la contratación pública, las garantías legales en la elección del Contralor Municipal y nuevas quejas relacionadas con el Programa de Alimentación Escolar (PAE). También hubo cuestionamientos sobre el nivel real de ejecución del Plan de Desarrollo de la Administración Municipal.
El concejal Juan Diego Amaya abrió la discusión al denunciar la recepción de una segunda queja formal contra la Unión Temporal UT Nutrineiva OG 2026, adjudicataria del PAE a través de la Bolsa Mercantil de Colombia. El cabildante advirtió que existe el riesgo de que el proceso contractual se caiga, lo que afectaría directamente a estudiantes de instituciones educativas oficiales.
Además, cuestionó que el procedimiento no se realizara bajo la Ley 80 ni mediante la oficina de contratación municipal con publicación en el SECOP II. También solicitó formalmente las hojas de vida y actas relacionadas con la terna para la elección de Contralor.
Por su parte, el concejal Miller Osorio instó a formalizar las denuncias ante los entes de control, mientras que Juan Sebastián Camacho pidió un concepto jurídico individual sobre cada integrante de la terna, verificando posibles inhabilidades.
En la misma línea, Luis Alejandro Serna y Mauricio Fernando Rojas propusieron elevar consultas ante la Función Pública y el Consejo de Estado para blindar jurídicamente el proceso. Sin embargo, el ex presidente del Concejo, Juan Carlos Parada, defendió la legalidad de lo actuado y recordó que los conceptos jurídicos no son vinculantes.
El concejal Abel Mendoza anunció que radicará una demanda para solicitar la suspensión de la elección por presuntas irregularidades y cuestionó que el Plan de Desarrollo tenga un 70% de ejecución, señalando que varios proyectos estratégicos aún no inician.
Finalmente, el presidente del Concejo, Dagoberto Gómez, reiteró el compromiso institucional con la transparencia y aseguró que el proceso cuenta con acompañamiento técnico de la Universidad del Tolima.
