lunes, febrero 9, 2026
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Denuncian presunta red de constreñimiento al elector en la Alcaldía de Medellín

El exsecretario Esteban Restrepo puso en entredicho la transparencia de la actual administración distrital de Medellín, al denunciar la presunta existencia de una red de constreñimiento al elector y corrupción que, según sus señalamientos, operaría desde el interior del gobierno local.

De acuerdo con la denuncia, esta estructura estaría liderada por un funcionario identificado como Alejandro Barrera, quien haría parte de la administración del alcalde Federico Gutiérrez.

Según Restrepo, Barrera estaría obligando a contratistas del Distrito a trabajar en favor de la campaña política del exgobernador Aníbal Gaviria, con miras a las elecciones de 2026, condicionando su continuidad laboral a la participación en actividades proselitistas ajenas a sus funciones contractuales.

El núcleo de las presuntas irregularidades se ubica en la Comuna 7 (Robledo), donde, de acuerdo con la denuncia, Barrera utilizaría su cargo para presionar a gestores educativos, exigiéndoles labores de campo y actividades políticas que no corresponden a su rol pedagógico. Entre las pruebas que habrían sido aportadas se mencionan grupos de WhatsApp, solicitudes de recolección de firmas y acciones de campaña digital.

Restrepo advirtió que, de confirmarse estos hechos, se estaría incurriendo en una violación directa al Código General Disciplinario, el cual prohíbe expresamente a los servidores públicos participar en controversias políticas, así como usar recursos, personal o tiempo institucional para fines partidistas. Lo más delicado, según el denunciante, es que la estabilidad laboral de los contratistas estaría supeditada a su “lealtad” con dichos movimientos políticos.

Ante la gravedad de los señalamientos, distintos sectores de la oposición solicitaron la intervención de la Procuraduría General de la Nación y de la Personería Distrital de Medellín, con el fin de esclarecer los hechos. El caso reabre el debate sobre el uso de la llamada maquinaria pública en Antioquia y pone bajo presión a la administración de ‘Fico’ Gutiérrez, que deberá pronunciarse sobre la conducta de sus funcionarios.

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