Según Restrepo, Barrera estaría obligando a contratistas del Distrito a trabajar en favor de la campaña política del exgobernador Aníbal Gaviria, con miras a las elecciones de 2026, condicionando su continuidad laboral a la participación en actividades proselitistas ajenas a sus funciones contractuales.
El núcleo de las presuntas irregularidades se ubica en la Comuna 7 (Robledo), donde, de acuerdo con la denuncia, Barrera utilizaría su cargo para presionar a gestores educativos, exigiéndoles labores de campo y actividades políticas que no corresponden a su rol pedagógico. Entre las pruebas que habrían sido aportadas se mencionan grupos de WhatsApp, solicitudes de recolección de firmas y acciones de campaña digital.
Restrepo advirtió que, de confirmarse estos hechos, se estaría incurriendo en una violación directa al Código General Disciplinario, el cual prohíbe expresamente a los servidores públicos participar en controversias políticas, así como usar recursos, personal o tiempo institucional para fines partidistas. Lo más delicado, según el denunciante, es que la estabilidad laboral de los contratistas estaría supeditada a su “lealtad” con dichos movimientos políticos.
Ante la gravedad de los señalamientos, distintos sectores de la oposición solicitaron la intervención de la Procuraduría General de la Nación y de la Personería Distrital de Medellín, con el fin de esclarecer los hechos. El caso reabre el debate sobre el uso de la llamada maquinaria pública en Antioquia y pone bajo presión a la administración de ‘Fico’ Gutiérrez, que deberá pronunciarse sobre la conducta de sus funcionarios.