Una comisión humanitaria recibió a los cinco policías que permanecían secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo desde el pasado 6 de enero, hecho que pone fin a semanas de incertidumbre para las familias de los uniformados que fueron retenidos ilegalmente cuando se desplazaban como civiles en un bus de servicio público.
La entrega se produjo ante delegados de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, quienes confirmaron que los agentes «afortunadamente se encuentran en buen estado de salud» tras la valoración inicial realizada en la zona.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, reaccionó al operativo humanitario y manifestó que resulta «un alivio esta liberación» tanto para los uniformados como para sus familias, aunque aprovechó la coyuntura para lanzar una crítica directa sobre la continuidad de esta práctica delictiva.
«Insistimos en la liberación de decenas de personas que continúan secuestradas por el ELN, en Norte de Santander, en Arauca y en otras partes del país», sentenció Marín, enfatizando que la crisis humanitaria por el secuestro sigue vigente más allá de este desenlace particular.
Los hechos que motivaron este secuestro ocurrieron el pasado 6 de enero en el sector de La Llana, sobre la vía que comunica a Cúcuta con Tibú. Los patrulleros Daniel de Jesús Granada Quiroz, Ramón Alberto Coronel Medina, Edwin Fabián Manosalva Contreras, José Ricardo Carrillo Romero y Carlos Eduardo Barrera regresaban de su turno de descanso navideño para reintegrarse a sus labores cuando el bus en el que viajaban fue interceptado.
Tres días después del plagio, el Frente de Guerra Nororiental del ELN se atribuyó la acción mediante un comunicado, en el cual confirmó que tenía en su poder a los policías y adelantó que condicionaría su entrega a la situación operativa militar en la zona.
Durante el cautiverio, el director de la Policía Nacional, general William Rincón, condenó el actuar del grupo insurgente y en su momento ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permitiera el rescate.
«Hacemos un llamado urgente y categórico a respetar la vida, la integridad y los derechos fundamentales de nuestros compañeros. Nada justifica el secuestro. Nada justifica atentar contra la dignidad humana ni la paz del país», expresó Rincón tras conocerse el hecho.
De igual forma, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió entonces que «no habrá tolerancia ni impunidad» frente a estas acciones, ordenando un despliegue que se mantuvo activo hasta la liberación.
Este hecho ocurre en medio de la fuerte guerra que se vive en el Catatumbo. Según cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la disputa territorial entre el ELN y las disidencias del Frente 33 dejó un saldo crítico el año anterior: «Entre enero y diciembre de 2025, se registraron 87.438 víctimas por eventos de desplazamiento masivo y confinamiento en la subregión», detalló el organismo, subrayando que el 30 % de los afectados pertenecen a comunidades indígenas y afrodescendientes.
Tras el regreso de los cinco policías, la Defensoría del Pueblo reiteró su llamado a todos los actores armados para que liberen «de manera inmediata e incondicional a todas las personas que permanecen privadas de la libertad» en el territorio nacional.
