Los 32 Gobernadores de Colombia rechazaron el decreto del gobierno nacional 1390 de 2025, que incrementa el impuesto al consumo de licores y cigarrillos expedido en el marco de la emergencia económica.
A través de la Federación Nacional de Departamentos (FND), los mandatarios enviaron una carta directamente al ministro de Hacienda, Germán Ávila, advirtiendo de un grave debilitamiento de las regiones tras esta decisión.
“Desde las regiones reiteramos nuestro categórico rechazo a la implementación de las medidas establecidas en el decreto 1474 de 2025, por ser re-centralizadoras y atentar contra los escasos ingresos de las entidades territoriales, además de poner en riesgo la financiación de sectores estratégicos como la salud, la educación y el deporte en las regiones”, señala la misiva.
Cuestionan que las entidades territoriales gozan de autonomía fiscal, política y administrativa y, por tanto, este impuesto al consumo no forma parte del Presupuesto General de la Nación, por lo que se constituye como un ingreso de los departamentos.
Ante esto, advierten al gobierno que este decreto “alteran de manera estructural el régimen de rentas territoriales y reducen de forma significativa la capacidad de decisión fiscal de los departamentos, exceden los límites materiales del estado de excepción y resultan constitucionalmente problemáticas”.
En la misiva insisten en que este decreto “evidencia una profundización del centralismo fiscal estructural”, puesto que esta decisión no solo no corrige el desequilibrio económico por el que fue firmado, sino que además “lo agravan incrementando la dependencia territorial de las transferencias del Gobierno Nacional y debilitando la autonomía departamental”.
Los gobernadores también expresan su preocupación por el impacto que este incremento del impuesto al consumo tenga sobre el aumento del fenómeno del contrabando y la ilegalidad, el cual no solo afecta las rentas departamentales sino la salud pública y la seguridad del país, al ser fuente de financiación de estructuras criminales.
Por ejemplo, cuestionan que el decreto no expresa con claridad los lineamientos operativos para su incorporación inmediata en la gestión tributaria territorial, sumado a que queda en la incertidumbre como se realizará la liquidación y transferencia de recursos, entre otros, a la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
“La búsqueda de recursos adicionales no puede ir en contra los principios constitucionales de descentralización y autonomía territorial. La concentración de decisiones fiscales y administrativas en el nivel central no solo debilita posibilidad de los departamentos para gestionar sus propias prioridades de desarrollo y su capacidad local de balancear recaudo, legalidad y salud pública, sino que también desconoce las realidades económicas y sociales de los territorios”, advierten.
En el documento firmado por todos los gobernadores del país, le piden al ministro de hacienda tener en cuenta estos reparos, replantear esta medida y lo invitan a realizar una mesa de trabajo para que en equipo con la FND y los Departamentos se puedan buscar otras alternativas.
