La medida busca ajustar la diferencia entre el cambio porcentual del salario mínimo legal mensual vigente y la variación porcentual del índice de precios al consumidor (inflación) certificado por el DANE.
Según el Ministerio de Hacienda con este ajuste se lograría un equilibrio financiero en el sistema pensional sin afectar los ahorros de los colombianos.
El Ministerio aseguró que esta nueva medida expedida el pasado 31 de diciembre de 2025 no incrementa el capital que requieren los futuros pensionados ni afecta a los afiliados actuales del Régimen de Ahorro Individual, por el contrario busca actualizar la gestión del riesgo asumido por las aseguradoras, modificar la forma de pago para proteger la sostenibilidad fiscal y simplificar los trámites operativos del sistema.
No obstante, los fondos de pensiones privados discrepan en estas conclusiones. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, aseguró que el Decreto 1485 traslada una carga financiera que le ha correspondido históricamente al Gobierno hacia los trabajadores, traduciéndose en que ahora los colombianos tardarán una década más en acceder a sus pensiones.
“El decreto cambia una fórmula, el cambio de esa fórmula le dice a los trabajadores colombianos ‘usted para pensionarse, ya no va a ser suficiente que tenga una cuenta de ahorro individual de 350 millones de pesos, sino que esto le va a costar cerca de 200 millones de pesos más. 100 millones de pesos por concepto de aumento del salario mínimo y 100 millones de pesos por concepto de que yo saco este decreto para no hacerme cargo de los efectos del salario mínimo’”, indicó Velasco en entrevista con Blu Radio.
“Muchas personas apenas alcanzan a completar los 350 millones de pesos que establecía la ley, entonces muchos quedarían por fuera de la posibilidad de hacerlo y lo que pasaría es que no lograrían pensionarse y tendrían una devolución de saldo. Con esta decisión del Gobierno se aleja a los colombianos de la pensión por lo menos una década”, concluyó el presidente de Asofondos.
Velasco subrayó que los líderes del sector pidieron al Gobierno en múltiples ocasiones organizar mesas técnicas para llegar a un consenso sobre el decreto en cuestión y evitar mayores impactos, sin embargo, el Gobierno no atendió el llamado.
