«Es el único recurso inmediato porque la Corte Constitucional avocará el recurso a partir del 13 de enero y mientras tanto el Gobierno escurre a los colombianos con este nuevo abuso», afirmó el exmandatario, a través de su cuenta en la red social X.
La preocupación del Centro Democrático radica en que el Decreto 1390, expedido el pasado 22 de diciembre, otorgó al presidente, Gustavo Petro, facultades legislativas por 30 días. Este periodo coincide casi exactamente con el tiempo que la Corte estará fuera de funciones, lo que en la práctica permitiría al Gobierno expedir la reforma tributaria vía decreto sin un contrapeso institucional inmediato.
La reacción del uribismo surgió horas después de que la Corte Constitucional notificara que el examen del decreto quedó en suspenso hasta el retorno de la actividad ordinaria. La Sala Plena explicó que, aunque la Constitución ordena un control automático, este mandato debe armonizarse con el «derecho al descanso» de los servidores y la organización administrativa de los despachos.
La corporación aclaró que la revisión de constitucionalidad se activará «teniendo en cuenta las reglas que definen la organización y el funcionamiento de los despachos judiciales en garantía de los derechos de audiencia, acceso a la administración de justicia y el debido proceso».
Los magistrados enfatizaron en que el «efecto operativo» de la medida excepcional solo se restablecerá «conforme a la ley, una vez culmine el período de vacancia judicial», cerrando la puerta a cualquier pronunciamiento de fondo durante lo que resta del año.
EL PRECEDENTE DE 2009
Paradójicamente, para justificar su inactividad durante las fiestas decembrinas, la Corte invocó un antecedente directo ocurrido durante el gobierno del propio Uribe. El tribunal recordó el trámite del Decreto 4975 del 23 de diciembre de 2009, cuando se declaró una emergencia social.
En aquella ocasión, según detalló el comunicado de la Corte, el tribunal «lo repartió una vez reinició el ejercicio de sus labores ordinarias después de la vacancia judicial» y apenas «avocó su conocimiento a partir del 20 de enero de ese año». Con este argumento histórico, los magistrados validaron la ruta de espera actual, utilizando la jurisprudencia de la era Uribe para responder, tácitamente, a la urgencia reclamada hoy por su partido.
Mientras se define la batalla jurídica, se conocieron los detalles del decreto con el que el Gobierno busca recaudar recursos tras el archivo de la reforma tributaria en el Congreso. El Ejecutivo justificó la excepcionalidad en la necesidad de conseguir $3,3 billones para la vigencia 2026, destinados a cumplir una orden judicial sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del sistema de salud.
El documento oficial sostuvo que la obligación de equiparar la prima del régimen subsidiado al 95% del contributivo «implica un significativo aumento de los recursos fiscales que deben ser destinados por el Estado».
