La Procuraduría General de la Nación cuestionó la respuesta entregada por EMCALI frente a las observaciones realizadas al proceso de alianza estratégica para la prestación del servicio de alumbrado público en Cali, al considerar que la empresa no respondió de fondo, incurrió en ambigüedades y omitió información clave solicitada por el ente de control.
En un oficio fechado el 5 de diciembre de 2025, la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública señaló que EMCALI no ha definido de manera clara un procedimiento contractual, con etapas, plazos y reglas públicas, lo que impide determinar con precisión si el proceso de selección del aliado estratégico se encuentra abierto, en planeación o en ejecución.
El organismo de control indicó que, aunque EMCALI aseguró no haber iniciado formalmente un proceso de contratación, sí envió invitaciones no vinculantes a posibles interesados, las cuales —según la Procuraduría— no cuentan con un soporte documental que las ubique claramente dentro de una etapa de planeación. Esta falta de definición, advierte el ente, genera riesgos frente a los principios de transparencia, publicidad y debido proceso.
La Procuraduría también cuestionó que EMCALI haya sustentado parte de su respuesta en normas y jurisprudencia del Estatuto General de Contratación Pública, a pesar de que la propia empresa ha reconocido que su régimen contractual se encuentra exceptuado de dicho estatuto. Para el ente de control, esta argumentación no da respuesta concreta a los requerimientos formulados, especialmente en lo relacionado con un contrato de consultoría suscrito con Moreno Servicios Legales S.A.S.
En ese punto, el documento advierte que EMCALI no precisó cuáles actuaciones se adelantaron tras la finalización del contrato ni qué requerimientos específicos se realizaron al contratista durante la etapa de liquidación, limitándose a respuestas generales que, según la Procuraduría, no permiten verificar el cumplimiento de los deberes contractuales ni el uso de los recursos públicos.
Otro de los aspectos señalados fue la falta de publicación de información en el SECOP II. La Procuraduría recordó que la Ley 2195 de 2022 obliga a publicar los documentos contractuales desde la etapa precontractual, independientemente de si el proceso se considera formalmente abierto o no. La ausencia de esta información, indicó, impide el acceso ciudadano y el control social.
Ante estas inconsistencias, la Procuraduría exhortó a EMCALI a reiniciar el proceso de selección del aliado estratégico, definir previamente un procedimiento claro y público, establecer un cronograma completo y garantizar la publicidad de toda la actuación contractual, desde sus fases iniciales.
El ente de control solicitó a EMCALI entregar una respuesta detallada y documentada a todas las observaciones en un plazo de tres días, advirtiendo que la omisión o evasión de información podría constituir una vulneración de los deberes de los servidores públicos.
