A esta hora la audiencia fue suspendida para que la defensa de ambos exministros presenten observaciones y luego de eso, si así lo considera, el Tribunal dará validez a la imputación. Acto seguido, el ente acusador pedirá medida de aseguramiento.
La fiscal María Cristina Patiño explicó que tanto Bonilla como Luis Fernando Velasco presuntamente hicieron parte de un entramado criminal para desviar contratos de entidades como la Ungrd y el Invías, a cambio de destrabar créditos públicos y proyectos de reformas del Gobierno Nacional en el Congreso.
A cambio de ello, explicó la Fiscalía, comprometieron la entrega, en total, de 79 proyectos a senadores y miembros de la Cámara de Representantes que sumaban 612.000 millones de pesos. Sin embargo, solo siete de ellos se habrían concretado.
«Lideraron, promovieron y encabezaron la organización criminal, impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando las gestiones ilícitas al interior del Invías y la UNGRD, con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas.
Entre las pruebas que la Fiscalía tiene en su poder están, por ejemplo, que para lograr el apoyo de la reforma pensional, el exministro Velasco pidió a Olmedo López apoyar esa reforma; presentarse al debate para entregar contratos y ampliar las mayorías en esa comisión.
Pero también las órdenes que presuntamente le dio Bonilla a la exasesora María Alejandra Benavides y que lo vincularían presuntamente con el direccionamiento de tres contratos por un total de $92.000 millones de pesos. Se trata de contratos, asignados a los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar).
Los delitos por los que tendrán que responder son concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
