La citación a estas comisiones demuestra la voluntad del legislativo de agilizar la agenda del Gobierno del presidente Gustavo Petro, incluso en medio del actual ambiente electoral. El hecho de que se discuta de manera conjunta tras varios meses sin ser agendado sugiere una intención de resolver la situación jurídica de la cartera antes de que se cumpla el plazo límite fijado por el alto tribunal.
De forma paralela a este debate administrativo, el Congreso también agendó la discusión del proyecto de ley de financiamiento. Esta iniciativa permitiría al Ejecutivo realizar modificaciones en el régimen tributario con el objetivo de recaudar 16 billones de pesos adicionales, recursos necesarios para financiar el presupuesto general de la nación para el año 2026.
La trayectoria del Ministerio de Igualdad en sus poco más de tres años de funcionamiento registró una notable inestabilidad en su dirección, sumándose a la alta rotación que caracterizó al gabinete actual, donde se nombraron cerca de 60 jefes de cartera. Por este ministerio pasaron tres funcionarios distintos en un periodo corto de tiempo.
La primera en ocupar el cargo fue la vicepresidenta Francia Márquez, quien salió de la dirección en medio de tensiones internas con el presidente Petro relacionadas con la llegada de Armando Benedetti al equipo de gobierno. Posteriormente, la entidad estuvo bajo el mando de Carlos Rosero y, en la actualidad, la dirige Juan Carlos Florián.
Otro de los capítulos que marcó la agenda mediática de esta cartera giró en torno a los intentos del Gobierno por nombrar a Juliana Guerrero como viceministra de Juventud. La administración insistió en múltiples ocasiones en designar a la joven de 22 años para el cargo, lo que incluyó gestiones para modificar los requisitos que el presidente debe tener en cuenta al momento de nombrar viceministros.
Sin embargo, el nombramiento no se concretó debido a irregularidades detectadas en su proceso de graduación como contadora de la Fundación Universitaria San José. Esta institución educativa se encuentra actualmente bajo la vigilancia del Ministerio de Educación, situación que frenó la llegada de Guerrero al alto cargo.
El punto más crítico que enfrentará el Gobierno durante el debate legislativo se relaciona con la gestión financiera de la entidad. Las cifras oficiales revelaron una ejecución presupuestal mínima que generó inquietud entre los congresistas y los entes de control, especialmente en un contexto de crisis fiscal para el 2026.
A inicios de octubre, el Ministerio apenas ejecutó el 1,9 % de un presupuesto total asignado que asciende a 1,2 billones de pesos. Un análisis detallado de estos recursos evidenció que la partida destinada al funcionamiento burocrático es de 798.523 millones de pesos, una cifra considerablemente superior a los 498.912 millones de pesos asignados para la inversión real en proyectos sociales. Esta disparidad y la lentitud en el gasto serán temas centrales en la discusión que arranca esta semana.
