El secretario de transparencia de la presidencia de la República, Andrés Idárraga, fue designado como nuevo ministro de Justicia encargado, luego de que declinara dirigir esa cartera el exmagistrado César Julio Valencia Copete.
La decisión fue confirmada por la Casa de Nariño, en medio de los inconvenientes que ha tenido el presidente, Gustavo Petro, para encontrar un reemplazo al saliente ministro Eduardo Montealegre.
Todo estaba arreglado para que Valencia Copete, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, fuera el nuevo Ministro. Sin embargo, rechazó el ofrecimiento por presuntas razones de salud.
“Lamento que el examen médico hecho al doctor Valencia Copete no le permita trabajar en el Gobierno a su pesar y al mío”, aseguró el Presidente en X, luego de conocerse la respuesta del jurista.
Ante esta situación, que se suma a la incapacidad médica del secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, la llegada de Idárraga a tiempo indefinido cubre de manera temporal la cartera de Justicia que durante la actual administración ha enfrentado renuncias abruptas, choques políticos y una prolongada tensión entre el Ejecutivo y las altas cortes.
En tres años, ese Ministerio ha tenido tres titulares en propiedad: Néstor Osuna, quien lideró la cartera durante los primeros dos años; la exfiscal delegada Ángela María Buitrago; y Eduardo Montealegre, cuya llegada estuvo marcada por la búsqueda de una asamblea nacional constituyente, pero finalmente terminó siendo el periodo más corto y rodeado de tensiones políticas.
El Ministerio de Justicia enfrenta un periodo marcado por dificultades estructurales y un ambiente de fricción entre el Gobierno y el aparato judicial. Los retos incluyen un recorte presupuestal proyectado para 2026 que, según advertencias de las altas cortes, limitaría el funcionamiento de la Fiscalía, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Defensoría, cuyos recursos solo alcanzarían hasta agosto del próximo año.
Además, persiste la crisis del sistema penitenciario y carcelario, donde el hacinamiento y la violencia no han cedido, así como la necesidad de recomponer las relaciones institucionales con el poder judicial y gestionar una agenda de reformas que quedó estancada tras la salida de Osuna y las tensiones que enfrentaron Buitrago y Montealegre.
