El nuevo Ministro enfrenta una carrera contrarreloj con desafíos críticos, el primero de ellos de carácter financiero. Sobre su escritorio reposa la preocupación por el presupuesto para 2026, que contempla un recorte de $695.000 millones (unos 170 millones de dólares) en la Rama Judicial, afectando directamente a la Fiscalía, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Defensoría. Los recursos, según advertencias de las altas cortes, solo alcanzarían hasta agosto de ese año.
Junto a la asfixia presupuestal, Valencia Copete hereda la crisis estructural del sistema penitenciario y carcelario, donde la violencia y el hacinamiento se agudizaron en los últimos años, sin que se consolidara una reforma profunda.
Además, su perfil de exmagistrado será clave para intentar estabilizar las relaciones con las altas cortes y, según analistas, tendrá un rol en la reconfiguración de la cooperación judicial con Estados Unidos, en un momento de crisis diplomática.
*Un legado de reformas y rupturas*
La llegada de Valencia Copete cierra un ciclo de alta rotación en una de las carteras más sensibles del país. Los tres ministros que le precedieron dejaron huellas muy distintas, marcadas por ambiciosos proyectos y abruptas salidas.
El primero, Néstor Osuna, fue quien más tiempo permaneció en el cargo, casi dos años (agosto 2022 – julio 2024). Calificado por Petro como un «verdadero jurista progresista», Osuna centró su gestión en la Jurisdicción Agraria, que logró incluir en la Constitución, y en la humanización del sistema carcelario.
Osuna también eliminó beneficios como la prisión domiciliaria para condenados por feminicidio e impulsó la «Ley de Utilidad Pública» para mujeres cabeza de familia privadas de la libertad. Su legado fue la estructuración de al menos 12 proyectos de ley para una ambiciosa reforma a la justicia, que no logró ver la luz.
A Osuna lo reemplazó Ángela María Buitrago (julio 2024 – mayo 2025), reconocida exfiscal delegada ante la Corte Suprema. Buitrago se enfocó en fortalecer el acceso a la justicia en territorios vulnerables, avanzó en la Política Nacional de Drogas y gestionó más de un centenar de resoluciones de extradición.
Sin embargo, su gestión terminó en mayo de 2025 en medio de una fuerte controversia. Buitrago renunció tras denunciar «presiones» e «injerencias externas» en su cartera, señalando directamente a funcionarios cercanos al Presidente. La exministra aseguró haber trasladado pruebas de estas injerencias a las autoridades competentes.
El tercer ministro fue Eduardo Montealegre, exfiscal general, quien tuvo el periodo más corto y explosivo (junio 2025 – octubre 2025). Su paso de cuatro meses por la cartera concluyó con una carta de renuncia en la que expresó su «profunda indignación» por la absolución del expresidente Álvaro Uribe, a quien calificó de «criminal de guerra» y advirtió sobre la presencia de «traidores» dentro del Gobierno.
Ahora, con solo nueve meses por delante, César Julio Valencia Copete asume el desafío de estabilizar el Ministerio, gestionar la crisis presupuestal y decidir cuáles de las reformas pendientes son viables en el ocaso del mandato.
