La Corte Suprema de Justicia avaló su extradición, lo que significa que ahora solo falta la firma del presidente, Gustavo Petro, para que pueda ser enviado tras el pedido hecho por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por los delitos de tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir.
Dentro de la decisión, la Corte explicó, entre otros argumentos, que el hecho de que el grupo dirigido por Marín Silva esté en negociaciones de paz no lo exime de sus delitos.
“Se trata de decisiones con carácter administrativo, por cuya razón la Corte no queda vinculada a ellas al emitir el concepto, pues no confieren inmunidad judicial ni constituyen excepción adicional al régimen de entrega”, precisó un aparte del fallo del máximo tribunal de la justicia ordinaria.
Marín Silva enfrenta en Colombia una condena de 30 años de cárcel. El pasado 5 de junio fue trasladado con un fuerte operativo, que incluyó el apoyo de un helicóptero.
La operación se llevó a cabo luego de que se le notificara en La Picota una orden de captura internacional, solicitada por Estados Unidos. Pero también luego de que se conociera una alerta de un pago de $800 millones para fugarse de uno de los centros penitenciarios más grandes del país.
La millonaria suma, según reportes de inteligencia, se iba a destinar al pago de sobornos a funcionarios penitenciarios, traslados amañados y eventual fuga.
