La Fiscalía abrió investigación contra varios exfuncionarios departamentales y municipales por posibles anomalías en la ejecución de un proyecto vial.
La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación en contra del exgobernador del Huila Luis Enrique Dussán López (2020-2023), así como de varios exfuncionarios y contratistas del orden departamental y municipal, por presuntas irregularidades en la contratación de obras de infraestructura durante su administración.
Entre los investigados se encuentran Eliana Paola Conde Gutiérrez, quien se desempeñó como secretaria de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila; Martín Hernando Londoño Chavarro, profesional universitario adscrito a la misma dependencia; Alejandro Parra Collazos, secretario de Planeación, Obras e Infraestructura del municipio de Acevedo; y Javier Conde Gutiérrez, quien actuó como interventor particular en el proceso contractual.
Según la información preliminar, las pesquisas estarían relacionadas con un contrato de mejoramiento vial en el sur del Huila, en el cual se habrían presentado presuntas irregularidades en la ejecución técnica y en la supervisión del proyecto. La Fiscalía indaga posibles sobrecostos, incumplimientos y deficiencias en la interventoría que habrían afectado los recursos públicos destinados a la obra.
Los investigadores también revisan la trazabilidad de los contratos, las actas de supervisión y los informes financieros, con el propósito de establecer si existió una actuación irregular o una posible concertación entre funcionarios y contratistas.
De confirmarse los hallazgos, los implicados podrían enfrentar cargos por contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento público.
Hasta el momento, ni el exgobernador ni los exfuncionarios se han pronunciado oficialmente sobre el proceso, que continúa en etapa de investigación previa.
Este nuevo caso se suma a los recientes controles que realiza la Fiscalía en el Huila, orientados a garantizar la transparencia en la ejecución de los recursos públicos y prevenir actos de corrupción administrativa.
