Eso significa, según explica el documento de 168 páginas, que los municipios que requieren atención inmediata tienen escenarios en los que el riesgo ya se materializó por lo que requieren un despliegue inmediato de seguridad, mientras que los que necesitan aplicación urgente tienen escenarios donde las amenazas están cerca de materializarse y los prioritarios dónde estás presentan una menor visibilidad pero podrían escalar si no se abordan oportunamente.
En ese contexto, la alerta dice que resulta factible que, en algunos municipios del Catatumbo, el pacífico nariñense, el pacífico caucano, norte, nordeste y bajo cauca antioqueños, Caquetá, Bajo Putumayo y Arauca continúen presentándose hechos violentos capaces de afectar de manera directa a candidaturas, liderazgos e infraestructura electoral.
Es previsible que, con la cercanía de las elecciones, los riesgos se intensifiquen en estas zonas y se extiendan a otros territorios. Esto obedece a la posibilidad de que con el aumento de la competencia electoral los grupos armados ilegales activen repertorios de violencia contra la población política y ejerzan mayores niveles de presión e intimidación. Asimismo, resulta factible que los riesgos se expresen en las ciudades, dado que las elecciones de 2026 son de carácter nacional y los centros urbanos constituyen escenarios estratégicos para las campañas presidenciales», dice la alerta.
El informe agrega que, de no activarse de manera oportuna, coordinada y pertinente las acciones de prevención y protección, la participación de las poblaciones con especial protección constitucional puede verse afectada. Esto puede debilitar las instancias creadas precisamente para garantizar su representación diferenciada, como las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) o los Consejos Territoriales de Juventud.
“Ninguno de los riesgos identificados implica la imposibilidad de realizar elecciones. Se trata de advertencias técnicas que buscan proteger a la ciudadanía y promover que la democracia se ejerza con plenas garantías”, afirmó la Defensora del Pueblo, Iris Marín.
Por eso el documento formula 20 recomendaciones agrupadas en seis ejes temáticos, que
apuntan a una acción coordinada y efectiva del Estado. Entre ellas pide al Ministerio del Interior fortalecer la articulación interinstitucional y territorial en las instancias de garantías electorales; al Ministerio de Defensa y Fuerza Pública, garantizar seguridad en vías, puestos de votación y territorios con mayor nivel de riesgo; y a la Unidad Nacional de Protección (UNP), implementar planes de contingencia para candidaturas, periodistas, juventudes, víctimas y firmantes de paz.
La cifra entregada por la Defensoría es mucho mayor a la que reveló el Gobierno en las últimas horas. Tras una reunión entre el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el ministro del Interior, Armando Benedetti y la cúpula militar, se conoció el mapa de riesgo electoral que revela 104 municipios en riesgo. A partir de este encuentro, las autoridades evalúan mecanismos para superar esta situación.
“Nuestra preocupación está, principalmente, en las zonas donde hay problemas de orden público, es decir, donde hay producción y cultivo de coca. Me refiero, específicamente, al Catatumbo, norte de Santander; López de Micay, en El Plateado Cauca; en Nariño; en Chocó; y en el sur del Valle del Cauca, son 104
municipios en todo el país”, dijo el jefe de la cartera del Interior.
Así mismo, indicó que algunos organismos como la Defensoría de Pueblo hacen mapas de riesgo basados en las denuncias, y no en la presencia de grupos armados, “eso ya había pasado con el tema de las hojas de coca. La Defensoría se equivoca mucho. Parece que hubiera un interés. Yo a veces creo que es falta de conocimiento del país, más que maldad».
