En un pronunciamiento realizado en la red social X, la alta funcionaria respondió a un comentario que calificaba el enfoque del Gobierno como «profundamente equivocado», señalando que defender la economía popular no es romantizar la informalidad. Por el contrario, explicó que el objetivo es corregir la marginación que por décadas padecieron millones de colombianos a causa de un sistema económico que concentró las oportunidades en pocos sectores.
Morales argumentó que, sin acceso a instrumentos financieros legítimos, una gran parte de la población se vio obligada a recurrir al crédito “informal”, con los abusos y riesgos que este conlleva.
La ministra detalló que el actual Gobierno reconoció a estos emprendedores como «actores económicos reales» y les abrió las puertas del sistema productivo. Según la funcionaria, por primera vez se les integró a las políticas de desarrollo, inclusión financiera y fortalecimiento empresarial.
En esa línea, explicó que las empresas de la economía popular ahora acceden a un ecosistema de apoyo más completo. Este incluye la obtención de créditos de Bancóldex y el Fondo Nacional de Garantías, así como la participación en programas de fortalecimiento de capacidades de entidades como Innpulsa, Colombia Productiva y el SENA.
Adicionalmente, se benefician de estrategias de encadenamiento productivo y de compras públicas locales, y disponen de instrumentos de formalización gradual que antes no existían en el país.
Para sustentar su defensa, la ministra de Comercio presentó resultados que calificó de «contundentes». Afirmó que más del 50% de las unidades productivas que han participado en los programas de la cartera de Comercio han avanzado en su proceso de formalización o se han integrado exitosamente como proveedores industriales.
Así mismo, destacó que las líneas de crédito de Bancóldex facilitaron el acceso real a financiación por un monto de $703 mil millones, beneficiando a más de 206.000 micronegocios en el territorio nacional.
Morales calificó como un «logro trascendental y un hito en la historia económica del país» la inclusión de la economía popular en los contratos de Zonas Francas. Mencionó el reciente caso de la adjudicación de Palmaseca como un claro ejemplo, pues esta garantizará la participación directa de este sector productivo.
La ministra concluyó que incorporar al desarrollo económico a quienes históricamente fueron excluidos, a pesar de ser «el corazón de los barrios, de las ciudades y del mundo rural», no es una medida «regresiva». Sostuvo que lo regresivo era, precisamente, ignorar ese potencial productivo.
«La economía popular no se mantiene al margen de la institucionalidad económica, sino que la amplía y la democratiza», señaló Morales. La definió como el primer paso hacia una «reindustrialización con base social», que integra a pequeños productores, cooperativas, emprendimientos, micronegocios y oficios tradicionales en cadenas de valor tanto nacionales como internacionales.
Finalmente, la funcionaria enfatizó que promover este modelo no implica una renuncia a la productividad, sino una ampliación de la misma. «Significa llevar la capacidad de producir, innovar y generar valor al territorio, al barrio, al taller y al campo. Es convertir el talento disperso en un tejido productivo nacional», concluyó.
