El enfrentamiento se originó cuando la senadora Cabal publicó en su cuenta de la red social X un artículo de la revista Semana titulado: «Exclusivo: Olmedo López confesó cómo Martha Peralta habría direccionado contratos para la senadora Berenice Bedoya y así recibir su apoyo a la reforma pensional».
En respuesta, la senadora Peralta reaccionó en la misma plataforma, donde calificó a Cabal de ser una «recicladora de ‘noticias'». En su mensaje, Peralta sugirió que la congresista opositora debería enfocarse en escándalos ya comprobados por la justicia, mencionando casos de compra de testigos, fraude procesal y soborno, entre otros. Además, le recomendó concentrarse en su propia campaña, al afirmar que «va perdiendo con el peor candidato que tienen».
Peralta defendió su papel en el trámite de las reformas gubernamentales y aseguró que este tipo de señalamientos buscan distraer y son una muestra de la «desesperación» de sectores que, según ella, no quieren perder la financiación de «negocios billonarios» con dineros públicos, como el de las EPS. «Están desesperados porque saben que voy a defender las reformas con todo. ¡No quieren es perder su financiación! ¡Esa es la verdad!», concluyó la senadora oficialista.
La acusación que motivó el cruce de mensajes se desprende de una declaración que Olmedo López rindió ante la fiscal María Cristina Patiño. En ese interrogatorio, el exdirector de la UNGRD señaló que la senadora Berenice Bedoya, del partido ASI, le solicitó un contrato para obras en los departamentos de Meta y Casanare por intermedio de la senadora Martha Peralta.
Según López, estas gestiones tenían como objetivo principal asegurar el voto favorable de Bedoya para la reforma pensional que se tramitaba en el Congreso. El exfuncionario detalló que el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, le pidió que «se entendiera» con la senadora Peralta y la apoyara. Explicó que, tras esa instrucción, se organizó una reunión en la que apareció Bedoya.
“La senadora Bedoya le pasa el celular y (Peralta) me enseña, porque yo quedo en un espacio entre las dos, me muestran la necesidad de ‘ayúdenme con este contrato o sea, sáquenos este contrato’“, narró López a la Fiscalía. Para sustentar su versión, presentó una conversación de WhatsApp del 15 de junio de 2023 con Peralta en la que se leía: “Meta, Puerto Concordia (…) protección para el control de erupción en el margen izquierdo del río Ariari”. Agregó que la propia Bedoya le envió el 13 de junio otro proyecto para el municipio de Aguazul, en Casanare.
Precisamente, Olmedo López fue citado para rendir declaración presencial este miércoles 24 de septiembre ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en el marco del proceso que se adelanta contra los senadores Julio Elías Chagui y la propia Martha Peralta por su presunta participación en el escándalo de la UNGRD. La diligencia, fijada para las 10:00 de la mañana, fue ordenada por la magistrada Cristina Lombana.
Esta citación se produjo un día después de que López compareciera ante el mismo tribunal para testificar en la investigación contra la senadora Berenice Bedoya. A su llegada a la Corte, el exdirector aseguró: «Vengo a decir la verdad, acudiré a la Justicia y sigo esperando el preacuerdo».
La colaboración de López con la justicia se encuentra en un punto crítico. El pasado 12 de septiembre, un juez aplazó la audiencia de acusación en su contra a la espera de que se concrete un principio de oportunidad con la Fiscalía. Su abogado, José Luis Moreno, advirtió que la colaboración peligra si no se aprueba dicho pacto judicial, pues sus declaraciones no podrían sostenerse en un juicio oral.
Las declaraciones de López también provocaron una dura reacción del presidente, Gustavo Petro, quien lo calificó de «ladrón de recursos públicos confeso» y «traidor». En respuesta, el exdirector, quien militó junto a Petro en la guerrilla del M-19, envió una carta a la Corte en la que denunció temer por su seguridad, al argumentar que en esa organización ser tildado de «traidor» equivalía «a poner precio a mi cabeza».
La investigación de la Corte Suprema sobre los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, quienes se encuentran privados de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá, reveló el «modus operandi» de la red de corrupción. Según el expediente, se pagaron sobornos por un total de $4.000 millones para asegurar la aprobación de las reformas del Gobierno en el legislativo.
El dinero, según la declaración del prestamista Pedro Castro Espinoza, provino de un préstamo particular que luego fue pagado con fondos públicos desviados del anticipo de un contrato para la compra de 40 carrotanques destinados a La Guajira, vehículos que finalmente resultaron inoperantes. La investigación concluyó que Name habría recibido $3.000 millones a través de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, mientras que Calle habría obtenido $1.000 millones directamente de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD.
