Se trata de Cambio Radical y del Centro Democrático, quienes argumentan que las decisiones del presidente Petro afectan gravemente al país.
Inicialmente, la bancada al mando de Germán Vargas Lleras demandó ante el Consejo de Estado los decretos (1047 de 2024 y 949 de 2025) del Gobierno nacional que prohíben la exportación de carbón a Israel.
El director del partido, Germán Córdoba, considera que “la determinación del Gobierno es ilegal e inconstitucional porque excede las competencias del ejecutivo y afecta gravemente la economía nacional”.
Señalan en la acción judicial que el gobierno “se extralimitó” al imponer, por vía de acto administrativo, una sanción internacional sin autorización legal, pues “no existe soporte técnico que demuestre que el carbón colombiano sea usado con fines militares en Israel”.
Por esto, el Cambio Radical pide suspender provisionalmente los efectos del decreto, alegando también que la decisión afecta de forma grave la economía del país, en lo que respecta a exportaciones, empleos, regalías y estabilidad de las regiones productoras.
“Esta prohibición improvisada es ilegal e inconstitucional. No se puede sacrificar el ingreso de las regiones ni desconocer compromisos internacionales del país”, señaló Córdoba Ordóñez.
Por su parte, Centro Democrático anuncio que interpondrá una acción popular en contra del presidente Gustavo Petro ante la decisión de expulsar del país a toda la Delegación Diplomática de Israel en Colombia.
Señalan que la acción jurídica “busca proteger derechos colectivos de los colombianos que se verían afectados a raíz de esta decisión que amenaza gravemente las relaciones entre ambas naciones”.
Esta medida ordenada por el presidente Petro se dio como represalia a la interceptación de la flotilla global Sumud: en el que iban dos colombianas, Manuela Bedoya y Luna Barreto, como parte de la agrupación Global Movement to Gaza.
