En una carta de cuatro páginas, la fiscal Laborde manifestó su preocupación por la asignación de un fiscal de apoyo, ordenada mediante la Resolución 33 del 8 de septiembre de 2025 y proferida por la Delegada para las Finanzas Criminales. Según Laborde, esta decisión “no guarda relación alguna con las necesidades del despacho”, pues el proceso contra Petro se ha adelantado de manera íntegra y sin contratiempos por su parte.
Además, agregó que el caso tiene un “soporte probatorio muy fuerte» y no requiere «apoyo, asesoría ni orientación en dicho aspecto”. Por lo tanto, consideró que no se evidencia una situación que amerite la designación para hacer efectivos los principios de celeridad, eficacia y eficiencia en la administración de justicia, como argumenta la resolución.
Otro de los hechos que generó alerta en la fiscal Laborde fue una reunión a la que fue convocada de manera «sorpresiva» el pasado jueves 18 de septiembre por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Dirección Especializada contra la Corrupción.
Según relató, en dicha reunión careció de información previa sobre el tema a tratar y se le solicitó «intempestivamente» que informara sobre los hechos de la nueva investigación contra Petro Burgos, con el argumento de conectar el caso con una compulsa de copias relacionada con la Fundación Conciencia Social.
Frente a todo eso, la fiscal general explico que confía en la fiscal Betancourt, y que la decisión de asignar una fiscal de apoyo no tenía otro objetivo que brindarle acompañamiento, orientación y asesoría jurídica.
«La designación de una fiscal de apoyo no tuvo por finalidad socavar su autonomía e independencia, sino sólo poner a su disposición mayores herramientas para la realización de sus deberes, como se ha hecho en otras oportunidades, sin que ello haya suscitado reparo alguno de su parte», explicó la fiscal.
A pesar de ello, ordenó retirar a la fiscal de apoyo que había sido asignada.
Sobre la reunión, la fiscal aclaró que esas mesas de trabajo son habituales en el quehacer institucional de la Fiscalía, pues permiten evitar la duplicidad de esfuerzos investigativos, procesales y administrativos que se presentan cuando se tramitan casos por los mismos hechos en despachos diferentes.
