La violencia en el municipio de La Plata, Huila, sigue afectando directamente a la niñez y la educación. Tras la más reciente asonada registrada durante el fin de semana en zona rural, tres instituciones educativas suspendieron clases con el fin de proteger a los menores de los constantes enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias de las FARC.
Suspensión preventiva en tres instituciones
La decisión inicial fue tomada por el rector de la Institución Educativa Villa de los Andes, ubicada en el corregimiento de Belén, donde se reportaron mayores riesgos. Posteriormente, los colegios de las veredas Las Acacias y San Miguel adoptaron la misma medida, lo que dejó a cerca de 1.500 niñas y niños sin clases de manera indefinida.
La comunidad educativa advirtió que lo ocurrido no solo vulnera el derecho a la educación, sino que pone en grave peligro la integridad de los estudiantes, docentes y padres de familia, quienes temen ser utilizados como escudos humanos en medio de los enfrentamientos.
Denuncias por extorsiones dentro de colegios
La situación adquiere mayor gravedad tras las denuncias de habitantes de la zona, quienes aseguran que integrantes de grupos armados ilegales estarían citando a campesinos para el pago de extorsiones dentro de las mismas instituciones educativas. Este hecho ha generado rechazo e indignación, pues convierte los espacios escolares en escenarios de intimidación y violencia.
Autoridades confirman presencia de disidencias
El secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, señaló que la medida de suspensión se tomó como mecanismo preventivo frente a la creciente amenaza de la estructura Hernando González Acosta, perteneciente a las disidencias de las FARC, que mantiene presencia activa en la zona rural de La Plata.
“Estamos reforzando la seguridad y acompañando a las comunidades, pero la prioridad es salvaguardar la vida de los menores”, afirmó el funcionario, quien aseguró que se evalúan alternativas para garantizar la continuidad académica de los estudiantes.
Mientras tanto, padres de familia y líderes sociales reclaman mayor presencia del Estado para evitar que la educación siga siendo una de las principales víctimas de la violencia que azota al occidente del Huila.
